Convenio para fortalecer la formación preprofesional de estudiantes de Trabajo Social
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales rubricaron un convenio para el desarrollo de prácticas preprofesionales destinadas a estudiantes de segundo año de la Licenciatura en Trabajo Social. La firma contó con la presencia de la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte; el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Ignacio Bejarano; y la profesora titular de la cátedra Práctica Recurso de la Comunidad, Anabella Sánchez, en el marco de una propuesta que busca fortalecer la articulación entre la formación académica y las experiencias concretas en territorio. El acuerdo se desarrollará a través de la materia Práctica Recurso de la Comunidad, correspondiente al segundo año de la carrera; se trata de una asignatura anual que permite a los estudiantes vincular los conocimientos teóricos con la práctica, reconociendo en territorio los distintos recursos de la comunidad y construyendo conocimientos a partir de esas experiencias. Durante el segundo cuatrimestre, los estudiantes realizarán sus prácticas en las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) y en el programa de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal, dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Articulación La articulación entre el Ministerio de Desarrollo Humano y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales es importante porque representa un organismo central en la implementación de las políticas públicas lo que permitirá a las y los estudiantes a través de las experiencias conocer la realidad territorial y comprender el rol del trabajador social en los procesos de implementación y ejecución de dichas políticas. La iniciativa fortalece el vínculo entre la Universidad y el Estado provincial, generando espacios de formación y aprendizaje que permiten a los futuros trabajadores sociales poner en diálogo la teoría y la práctica, al tiempo que conocen de manera directa los recursos de la comunidad y las intervenciones que se desarrollan desde las políticas públicas de protección de derechos.
